A raiz de las investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en las sociedades de inversión Fórum Filatélico y Afinsa, el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Consumo, recomienda a los posibles inversores de estas entidades residentes en nuestra comunidad autónoma una serie de medidas orientadas a salvaguardar sus intereses.

 

Estas medidas son, en primer lugar, la recopilación de toda la documentación relativa a sus inversiones en valores filatélicos, antigüedades u otros bienes, como contratos, recibos, justificantes de pagos, etc. También es aconsejable recopilar la publicidad y la información que en su día le fueron facilitadas por la entidad.

 

Teniendo en cuenta que el caso se encuentra en la jurisdicción penal, los derechos de los afectados se pueden defender ante los tribunales bien a título individual, constituyéndose en grupo de afectados o a través de una asociación de consumidores.

 

Los inversores afectados pueden solicitar más información en las oficinas municipales y comarcales de información al consumidor (OMICYC) en los servicios provinciales de Salud y Consumo, y en los servicios centrales de la Dirección General de Consumo, que pone a su disposición el teléfono gratuito de atención al consumidor 900 12 13 14.

 

La radicación de las sedes sociales de Fórum Filatélico y Afinsa en Madrid y Valladolid implica que el control de ambas corresponde a las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas Madrid y de Castilla y León.

 

Con carácter general, la Dirección General de Consumo advierte de que las empresas que ofrecen altas rentabilidades a través de la inversión en bienes tangibles como sellos, obras de arte, antigüedades, etc., no son entidades financieras y, por lo tanto, no están sujetas a la normativa que regula las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión. Al no estar inscritas en los registros oficiales de las autoridades supervisoras españolas Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores tampoco están sometidas al control ni a la potestad sancionadora de dichos organismos.

 

Esto significa que el efectivo u otros bienes entregados a dichas empresas no están amparados por los sistemas establecidos para asegurar los fondos y valores que se confían a las entidades bancarias y a las entidades de valores (fondos de garantía de depósitos y de garantía de inversiones). Las reclamaciones que puedan formular los clientes contra estas empresas deben encauzarse a través de los mecanismos generales de protección de los consumidores o de los tribunales de justicia.

 Las cautelas que con carácter general deben adoptarse antes de contratar con estas entidades son la revisión de las credenciales de las empresas y personas que afirman vender valores o captar fondos reembolsables al público en forma de depósito, préstamo, etc. Sólo pueden efectuar estas operaciones las entidades autorizadas por el Ministerio de Economía e inscritas en los registros oficiales del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que pueden ser consultados.

 

La seguridad de los ahorradores puede depender de la solvencia de las entidades implicadas en la operación. Se debe ser prudente ante ofertas que, bien de forma personalizada bien por medio de mensajes publicitarios, prometen rápidos beneficios o rentabilidades muy superiores a las que en cada momento se consideren normales en el mercado, aunque le aseguren que se trata de operaciones de bajo riesgo. Es prácticamente imposible obtener rendimientos elevados sin asumir un alto riesgo, por lo que hay que pedir una explicación detallada de los compromisos inherentes a la operación.

 

También hay que verificar que el producto existe y asegurarse de que, una vez hecha la operación, el inversor será reconocido como titular de la misma bajo cualquier circunstancia. Hay que conocer las posibilidades de cancelar la operación antes de la fecha de vencimiento prevista, y cuáles serían los procedimientos y qué costes implicarían. Hay que examinar con atención todos los términos del contrato para comprobar que no existen cláusulas confusas o abusivas. No se debe renunciar a ninguno de los derechos que reconoce la legislación vigente sobre protección de los consumidores.